Pasados más de 20 años desde el primer cultivo colectivo, el movimiento cannábico español se ha convertido en un referente mundial.
La dialéctica entre los sucesivos gobiernos del Estado (incrementando la represión y punición a las personas consumidoras) y los Club Social de Cannabis (CSC) tiene múltiples implicaciones, que explica la complejidad en el avance hacia políticas de drogas sostenibles.
Los Clubs Sociales de Cannabis surgen de un vacío legal de la legislación española.
N o t a p r e l i m i n a r
La falta de regulación obstaculiza la posibilidad de un conocimiento real sobre lo que está pasando.
La situación de los CSC no es una realidad cuantificada desde organismos oficiales. Lo que sabemos proviene de lo que cuentan sus responsables o de lo que aparece en los medios de comunicación, y esto hace que sea muy complicado y limitado hablar del modelo CSC. Además, coexisten varias maneras de entender su funcionamiento.
Ha habido épocas en las que la policía ha actuado en la puerta (…) y otras épocas en las que no ha habido problemas (…) la percepción del colectivo es, en general, de arbitrariedad respecto a las intervenciones policiales.
¿ El aumento de CSC comporta un aumento en los niveles de consumo?
No, atendiendo a los datos que disponemos: analizando el caso catalán (región con más concentración de CSC), desde 2007 a 2011 -años de mayor proliferación de clubes, sobretodo en Barcelona-; todas las cifras de prevalencia de consumo de cannabis han descendido: consumidores experimentales (alguna vez en la vida), ocasionales (alguna vez en el último año) y habituales (alguna vez en el último mes).
La proliferación de Centros Sociales de Cannabis en Barcelona ciudad, coincide con el descenso en las prevalencia de consumo habitual de cannabis, y el descenso de intervenciones policiales en la vía pública.
Peticiones de inicio de t r a t a m i e n t o
Entre los años 2007 y 2011 aumentó.
2007 → 706 peticiones; 2009 → 1069; 2011→ 1538 peticiones
(Fuente: Sistema d’informació en Drogodependències. Generalitat de Catalunya, 2007; 2009; 2011)
El indicador más próximo al consumo problemático es el número de consumos en los últimos 30 días. Sorprende que mientras ese indicador disminuye, las peticiones de tratamiento aumenten.
Quizás el aumento de las peticiones de tratamiento no obedece al consumo problemático sinó simplemente para no pagar multas.
Las sanciones se han instaurando en España los años de mayor crisis económica y quizás muchos usuarios sencillamente no podían afrontar el gasto económico.
S a n c i o n e s e c o n ó m i c a s
En España la tenencia y el consumo en la vía pública está sancionado con una multa administrativa.
Hay dos indicadores para calibrar el impacto de los CSC: número de sanciones administrativas por tenencia o consumo de drogas en la vía pública; y detenciones e imputaciones por tráfico de drogas.
La región metropolitana de Barcelona, en 2014 contaba con más de 200 CSC, respecto las sanciones por consumo y/o tenencia de drogas en la vía pública, estas son las cifras :
2009 → 22.232 sanciones; 2010 → 27.674 sanciones; 2011→ 21.953 sanciones
Fuente: José Carlos Bouso y Òscar Parés Franquero
D e t e n c i o n e s e i m p u t a c i o n e s
Los datos expuestos hacen referencia a multas y detenciones por todas las drogas.
En Barcelona, año 2011 → 2006 multas y detenciones; año 2012 → multas y detenciones
Fuente: Ministerio del Interior 2012.
Con relación al cannabis, aunque no se disponen de cifras concretas, pueden extrapolarse los datos del Ministerio:
54,6% de los detenidos por delitos de drogas es por cannábicos, y representan el 85,57% de las denuncias.
Fuente: Obsevatorio Español de la Droga y las Toxicomanías OEDT. Plan Nacional Sobre Drogas, 2011.
No parece haber una relación clara entre dichos indicadores y el incremento de CSC en Barcelona. Y seguimos desconociendo muchos factores que, sin duda, ejercen mucha influencia en todo el fenómeno: falta de datos sobre prevalencia de consumo desde 2011, incremento de la presión policial, factores relacionados con la crisis económica, etc.
En España, más del 80% de los multados por consumo o tenencia en la vía pública son jóvenes o adolescentes. Un perfil que no corresponde al de los socios CSC (mayor de 21 años, que afronta precios ligeramente superiores a los del mercado negro).
Los jóvenes, a su vez, representan el colectivo con menos recursos, mayor prevalencia de consumo y presencia más clara en lugares públicos como espacios de socialización.
D e c o m i s o s.
Mientras que en el conjunto del estado han descendido las incautaciones de cannabis, en Cataluña han aumentado significativamente:
En España, se pasó de 355.904 kg. de marihuana decomisados → en 2011, 325.562 kg. → 2012
Fuente: Ministerio del Interior, 2013.
Enlace: En Cataluña, en 2012, se incautaron 2.500 kg. de marihuana y en 2013, 5.300 kg. (El Periódico, 2014).
Una posible interpretación es que el aumento de los CSC ha comportado un aumento de cultivos autóctonos. A su vez, las cantidades incautadas de marihuana en 2013, reflejan un cambio en las redes de aprovisionamiento y mayor consumo de marihuana con respecto al de hachís.
Es un hecho: en Catalunya “el mundo” del hachís se ha transformando a una “cultura de uso de marihuana” a la par que se han cambiado los sistemas de aprovisionamiento (de redes clásicas de narcotráfico a circuitos CSC modernos).
Lagunas legales y c o n t r a d i c c i o n e s
Cuando los CSC sufren una intervención policial o un robo, éstos se ven obligados o a cesar su actividad: sus socios vuelven a comprar al mercado ilegal, o se recurre al mercado negro para abastecerlos.
No son infrecuentes los robos en cultivos (algunos con violencia o extorsión de grupos organizados), difíciles de denunciar por ser ilegal la sustancia, dejando jurídicamente desprotegidas las víctimas.
La falta de regulación empuja a las personas implicadas en los CSC (creados para salir del circuito del mercado negro) a estar cerca de la actividad criminal.
Otra consecuencia de esta situación es que dentro del sector se generan conflictos pues no hay reglas que garanticen estabilidad y cooperación (acusaciones cruzadas de “malas prácticas” o convivencia con el mercado negro).
El hecho que muchas operaciones policiales se hayan cebado con personas que han dedicado mucho esfuerzo a explicar públicamente sus argumentos sugiere un posicionamiento oficialista respecto el cannabis:
El problema no es que exista un mercado o una demanda, el problema es que sea visible. Y actualmente las leyes favorecen a grandes mafias, porque son las que cuentan con más capacidad y privilegios para ser menos visibles.
Recorrido legal y p o l í t i c o
Ante la previsible puesta en marcha de la nueva ley estatal de Seguridad Ciudadana que permita acechar administrativamente con multas muy elevadas a las personas consumidoras de cannabis y a los responsables de los CSC, los parlamentos autonómicos de País Vasco y Cataluña han pronunciado sendas propuestas de regulación de la actividad de los CSC.
En este cruce de caminos confluyen -o colisionan- diversos elementos a tener en cuenta:
Cataluña y País Vasco han sido históricamente territorios con una tradición y reivindicación de autogobierno. Esta tensión tiene su reflejo en muchos niveles y sus respectivas políticas de drogas son un ejemplo.
Estas dos regiones lideraron, hace más de veinte años, los procesos de implementación de los programas de reducción de daños.
El caso de los CSC tiene similitudes y diferencias con dicho proceso:
La regulación integral de la actividad de los CSC implicaría normativizar aspectos como el cultivo o el transporte de cannabis, que son competencias del gobierno central (Ley de Estupefacientes o Código Penal)
Ambos territorios tienen bajo su mando un cuerpo de policía con competencias en la lucha contra el narcotráfico. Pero a su vez, en dichas regiones siguen actuando cuerpos de seguridad del estado, que también tienen competencias relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Además de Fiscalía, que actúa como acusación del Estado.
La emergencia de los CSC ha generado una paradoja más: al debatir sobre derechos colectivos, se difuminan los individuales.
Mientras el debate sobre su regulación acapara gran parte de la atención pública, se corre el riesgo de olvidar la defensa jurídica del cultivador y consumidor particular.
Modelo CSC (Club Socil Cannábico)
Buena parte de las personas consumidoras lo prefieren a la opción del mercado negro. Por varias razones:
→ Hacia sus miembros: ofreciendo asociacionismo, trato individualizado, confianza mutua, funcionamiento democrático, formación entre pares, ausencia de lucro, acceso a un producto de calidad y trabajo en red con otras organizaciones.
Haciendo además, labor con personas que consumen por motivos terapéuticos: es un secreto a voces que muchas llegan derivadas “informalmente” por médicos.
→ Hacia la comunidad: ofreciendo un espacio de consumo privado como alternativa al consumo en el espacio público, disminuyendo así la visibilidad y la compra-venta en público.
(Cosa que debería repercutir en la disminución del gasto y dedicación policial asociados a la persecución)
Los CSC informan a las personas consumidoras de programas de reducción de daños y tratamientos de salud de la red pública o de ONG’s. En este sentido, hay experiencias de acercamiento a programas de tratamiento del hábito tabáquico.
A diferencia del famoso modelo holandés más comercial, los CSC son espacios cerrados y sólo se puede acceder por invitación directa de otro miembro. La ausencia de ánimo de lucro se basa en frenar la publicidad y promover el cultivo compartido, esto es, ajustando el volumen total a la previsión de consumo de sus socios (con límite máximo de 2 ó 3 gr./día).
→ Hacia el ámbito colectivo. España fue, en 2013, el país del sur de Europa con mayor economía sumergida (28% del PIB), más fraude fiscal (8% del PIB) (Europa Press, 2013) y mayor tasa de desempleo juvenil (57,7% nov. 2013) (El Diario, 2014). Según estimaciones, los españoles gastan anualmente unos 546 millones de euros en el mercado negro.
Sin ánimo de lucro, los Centros Sociales Cannábicos realizan actividades económicas: trabajo de atención, impuestos y cotizaciones, interacciones con proveedores (alquiler, luz, comunicaciones, transporte, peritajes agrícolas, material de cultivo, etc. ) Por ejemplo, para que sea operativo un Club de 600 socios, requiere la dedicación de 10 personas.
Ejercicio de s i m u l a c i ó n
Según el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (2011), un millón y medio de personas representa un poco más del 60% de los consumidores diarios y consumidores frecuentes de cannabis.
Cojamos esa cifra, el 60% cómo socia de un CSC para abastecerse de cannabis, en vez del mercado negro.
Se especula que se generarían 25.000 puestos de trabajo.
Comportaría 197 M€ en cotizaciones a la seguridad social.
Revertirían 100 M€ impuestos sobre la renta
Revertiría 114 M€ en IVA
Es decir, 411 millones de euros anuales en ingresos directos. Más los ingresos indirectos derivados de la contratación de diferentes agentes del sector.
Además, se estima que el Estado ahorraría 250 M€ anuales en prestaciones por desempleo.
Las cifras que implican la regularización, más el consiguiente ahorro de recursos policiales y judiciales, representa una oportunidad para combatir la crisis económica.
A inicios de 2014 hay, en toda España, 11 federaciones que agrupan a una parte importante del total de CSC, que oscila entre 800 y 1.000 entidades legalmente constituidas. Gracias a ello, fuera de nuestras fronteras ya se habla, replica y mejora el “modelo español”.
En definitiva, los modelos de regularización giran entorno la protección de la salud y la economía legal. Camino opuesto al mercado negro. Siendo implementados ya en sociedades democráticas de distintos territorios como Holanda, Uruguay, estado de California y Canadá.
Pinchad la imagen para acceder a la entrevista (RADIO LIBERARSU) a José Afuera en representación de la CATFAC-CONFAC. Federaciones de clubs canábicos en Catalunya.
Podéis hacer un vistazo al libro, o acceder al enlace en PDF
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