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A 20 años vista del primer cultivo colectivo, el movimiento cannábico español se ha convertido en un referente mundial. A su vez, los sucesivos gobiernos del Estado no han dejado de incrementar la represión y punición a las personas consumidoras. Dicha dialéctica tiene múltiples implicaciones que hacen de los Club Social de Cannabis (CSC) un ejemplo de la complejidad en el avance hacia políticas de drogas más sostenibles.

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Los Clubs Sociales de Cannabis surgieron de un vacío legal de la legislación española. La falta de regulación no ha frenado la oferta ni la demanda de cannabis, ni la creación de CSC. Lo que realmente ha dificultado es la posibilidad de un conocimiento real sobre lo que está pasando “allí fuera”. Esto hace que sea complicado, por ejemplo, demostrar con datos la efectividad del modelo de los CSC. O incluso hablar de un modelo de CSC, pues coexisten varias maneras de entender el funcionamiento de los mismos. Las fuentes de información son muy limitadas o sesgadas.

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Ante la pregunta de si el aumento de CSC comporta un aumento en los niveles de consumo, con base a los datos que se disponen la respuesta es no. Si analizamos los datos de Cataluña, que es la región con más concentración de CSC, del 2007 (año en que se popularizan los CSC) hasta el 2011 bajaron todas las prevalezcas de consumo de cannabis.)

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Desde 2007 a 2011, que han sido los años en los que han ido proliferando exponencialmente los clubes cannábicos en Cataluña en general y en la ciudad de Barcelona en particular, las cifras de prevalencia de consumo de cannabis han ido progresivamente descendiendo tanto para consumidores experimentales (alguna vez en la vida), ocasionales (alguna vez en el último año) y habituales (alguna vez en el último mes).

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En paralelo, las peticiones de inicio de tratamiento durante esos mismos años han ido aumentado; 706 en 2007; 1069 en 2009; 1538 en 2011 (Informes anuals. Sistema d’informació en Drogodependències. Generalitat de Catalunya, 2007; 2009; 2011).
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El indicador más próximo a una interpretación de consumo problemático es el de las cifras de consumos en los últimos 30 días. Sorprende que mientras ese indicador ha ido progresivamente disminuyendo con los años, las peticiones de tratamiento hayan ido aumentando.
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En España la tenencia y el consumo en la vía pública está sancionado con una multa administrativa. Luego quizás el aumento de las peticiones de tratamiento no obedece tanto a un aumento del consumo problemático (que no se refleja en las cifras epidemiológicas) como a un aumento de solicitudes de tratamiento simplemente para no pagar multas. No olvidemos que esos mismos años han sido años en los que la crisis económica en España se iba ya instaurando firmemente, por lo que quizás muchos usuarios sencillamente no podían afrontar un gasto económico más a las sanciones administrativas por tenencia y consumo de drogas.
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Hay dos indicadores que nos podrían orientar sobre el impacto de los CSC: el primero, en número de sanciones administrativas por tenencia o consumo de drogas en la vía pública; y el segundo, las detenciones e imputaciones por tráfico de drogas. En efecto, en la región metropolitana de Barcelona, donde ha habido un incremento creciente de CSC; durante los últimos 3 años hasta llegar a más de 200 en 2014, las cifras de sanciones por consumo y/o tenencia de drogas en la vía pública han sido en 2009 de 22.232; en 2010 de 27.674; y en 2011 de 21.953

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Respecto a las detenciones e imputaciones en Barcelona, estas pasaron de 2006 en 2011, a 1817 en 2012 (Ministerio del Interior 2012). Los datos expuestos hacen referencia a multas y detenciones por todas las drogas. Con relación al cannabis, aunque no se disponen de cifras concretas, pueden extrapolarse de los datos provenientes del Estado Español, donde el 54,6% de los detenidos por delitos de drogas es por cannábicos, así como el 85,57% de las denuncias (Obsevatorio Español de la Droga y las Toxicomanías OEDT. Plan Nacional Sobre Drogas, 2011).

No parece haber una relación clara entre dichos indicadores y el incremento d CSC en Barcelona. Existen muchos factores externos desconocidos que pueden tener una gran influencia para explicar dichos datos: falta de datos sobre prevalencia de consumo desde 2011, un potencial incremento de la presión policial, factores estructurales relacionados con la crisis económica, etc.
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Otro elemento a considerar son los decomisos. Mientras que en el conjunto del estado Español han descendido paulatinamente las incautaciones de cannabis, en Cataluña han aumentado significativamente: en España, se pasó de 355.904 kg. en 2011, a 325.562 kg. en 2012 (un 8,53%) (Ministerio del Interior, 2013). En Cataluña, en 2012, se incautaron 2.500 kg. de marihuana y en 2013, 5.300 kg. (El Periódico, 2014). Una posible interpretación de estos datos podría ser que el aumento de los CSC ha comportado una mayor cantidad de cultivos autóctonos que ha hecho que las personas consumidoras del territorio catalán hayan dejado de acudir a las clásicas redes de aprovisionamiento, lo cual ha aumentado el riesgo intervención de los cultivos por parte de la policía.
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La proliferación de CSC y el consiguiente cambio de las redes de aprovisionamiento, derivándose de las redes clásicas de narcotráfico a los circuitos modernos de los CSC, ha ido transformando paulatinamente la cultura del hachís en Cataluña para pasar más a una cultura de uso de marihuana. De hecho, las cantidades incautadas en 2013 reflejarían tanto ese cambio en las redes de aprovisionamiento y en el mayor consumo de marihuana con respecto al de hachís, como a ser cantidades que se corresponderían con la necesidad de demanda de los clubes catalanes.
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Estas cifras son difíciles de interpretar y cualquier conclusión preliminar que se quiera extraer, como si fueran consecuencia de la proliferación de Clubs Sociales de Cannabis, será necesariamente altamente especulativa. La situación de los CSC no es una realidad que se haya cuantificado desde organismos oficiales, lo que se sabe de sus actividades proviene, bien de lo que cuentan los responsables de los mismos, bien de lo que aparece en los medios de comunicación. Ha habido épocas en las que la policía ha actuado en la puerta de los CSC, registrando y multando a las personas que transitaban entre los mismos y la calle. Otras épocas en las que no ha habido problemas. Se han intervenido unos cubes y no otros, sin un aparente criterio. Por las conversaciones informales que los autores de este informe han mentando con decenas de directivos de CSC, la percepción del colectivo es, en general, de arbitrariedad respecto a las intervenciones policiales.
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Ante esta falta de datos, es difícil interpretar las fluctuaciones mencionadas, que puede deberse a múltiples factores, incluyendo el azar. Los principales multados por consumo o tenencia en la vía pública (más del 80%), en España, son jóvenes (inclusive adolescentes), el colectivo con menos recursos, con mayores prevalencia de consumo y con una presencia más clara en los espacios públicos como espacios de socialización, un perfil que no es el de los socios de los CSC (muchos CSC admiten socios a partir de 21 años y los precios del cannabis son ligeramente superiores a los del mercado negro).
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Sea como fuere, los datos confluyen tanto hacia un descenso en las prevalencia de consumo habitual de cannabis, como de un descenso de intervenciones policiales en la vía pública que coincide con la proliferación en la ciudad de Barcelona de los Centros Sociales de Cannabis.
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Otro elemento paradójico del actual status quo es que los CSC – creados para salir del circuito del mercado negro- cuando sufren una intervención policial o un robo se ven obligados o a cesar su actividad (sus socios volverán a comprar al mercado ilegal) o, de igual manera, a recurrir al mercado negro para poder abastecer a sus socios. No es infrecuente que haya robos en los cultivos, además, han ocurrido episodios de violencia o extorsión por parte de grupos organizados que son difíciles de denunciar pues el objeto del delito es una sustancia ilegal, dejando así jurídicamente desprotegidas las víctimas. Vemos pues que la falta de regulación empuja a las personas implicadas en los CSC a estar cerca de la actividad criminal, cuando justamente se conciben para distinguirse de la misma. Otra consecuencia directa esta situación es que dentro del propio sector de los CSC se han generado conflictos (como acusaciones cruzadas de “malas prácticas” o convivencia con el mercado negro) entre las personas implicadas pues no hay unas reglas de juego que permitan la estabilidad, el amplio consenso y la cooperación. Además, es cruel observar cómo las operaciones policiales se han cebado especialmente con aquellas personas que justamente más esfuerzos han dedicado a explicar públicamente sus argumentos y a colaborar activamente con todas aquellas instituciones que se lo han propuesto.
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Por todo ello, queda claro el pobre posicionamiento del gobierno estatal en cuanto al cannabis: el problema no es que exista un mercado o una demanda, el problema es que sea visible. Por y para ello, sus leyes favorecen a las grandes mafias, que son las que tienen más capacidad y privilegios para ser menos visibles.

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Por otro lado, todo parece indicar que antes de la puesta en marcha de la nueva ley estatal de Seguridad Ciudadana que permitirá acechar administrativamente con multas muy elevadas a las personas consumidoras de cannabis y a los responsables de los CSC, los parlamentos autonómicos de País Vasco y Cataluña se van a pronunciar con sendas propuestas de regulación de la actividad de los CSC. En este cruce de caminos confluyen -o colisionan- diversos elementos a tener en cuenta.
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Como es sabido, Cataluña y País Vasco (también Navarra) han sido históricamente dos territorios con una tradición y reivindicación de autogobierno dentro del marco del Estado español. Esta tensión tiene su reflejo a muchos niveles y sus respectivas políticas de drogas son un claro ejemplo de ello. Estas dos regiones lideraron, hace más de veinte años, los procesos de implementación de los programas de reducción de daños dentro de España. El caso de los CSC tiene muchas similitudes con dicho proceso pero también diferencias notables. Una regulación integral de la actividad de los CSC implicaría normativizar aspectos como el cultivo o el transporte de cannabis, que son competencias del gobierno central (Ley de Estupefacientes o Código Penal)

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Ambos territorios tienen bajo su mando un cuerpo de policía con competencias en la lucha contra el narcotráfico, este elemento puede facilitar una regulación propia mediante protocolo de actuación entre diferentes departamentos de la administración autonómica y la promulgación de mecanismos de transparencia hacia los CSC del territorio. Pero a su vez, en las dos regiones siguen actuando (con menor presencia) los dos cuerpos de seguridad del Estado español que también tienen competencias relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Sin olvidar a la fiscalía, quién ya se ha pronunciado en contra de los CSC y actúa como de acusación del Estado en os juicios abiertos.
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La emergencia de los CSC ha generado una paradoja más: mientras el debate sobre su regulación acapara gran parte de la atención pública, se corre el riesgo de olvidar la lucha por la defensa de la protección jurídica y policial del cultivador y consumidor particular. Al debatir solo sobre derechos colectivos, pueden difuminarse los individuales.
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Más allá de las contingencias políticas, el modelo de CSC ha demostrado, por su fulgurante extensión, ser un “producto de éxito” en la medida en que buena parte de las personas consumidoras lo valoran por encima de la opción del mercado negro. Los valores que proponen los CSC pueden ser ponderados en varios niveles:

• I.- En primer lugar hacia sus miembros, los CSC ofrecen asociacionismo, trato individualizado, confianza mutua, funcionamiento democrático, formación entre pares -que contribuye a la reducción de riesgos-, ausencia de lucro, acceso a un producto de calidad, asistencia en temas legales derivados del consumo, trabajo en red con otras organizaciones. También es fundamental la labor que hacen los CSC con las personas que consumen cannabis por motivos terapéuticos. Una inmensa mayoría de CSC cuentan con “socios terapéuticos”. Es un secreto a voces que muchas de estas personas llegan a los CSC derivadas “informalmente” por médicos que les sugieren probar el cannabis como medicamento.

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• II.- En segundo lugar hacia la comunidad, pues los CSC ofrecen un espacio de consumo privado que antes no existía y, por lo tanto, presenta una alternativa al consumo en el espacio público. Esto disminuye la visibilidad y el volumen de la compra-venta en público y, a su vez, debería repercutir en una disminución de la dedicación y del gasto policial asociado a la persecución de dicha conducta.
  También los CSC acercan a las personas consumidoras a los programas de reducción de daños y a los tratamientos de salud de la red pública o de las ONG’s que trabajan en el ámbito. Ya hay varias experiencias en marcha en este sentido, como programa de reducción de riesgos en consumo de cannabis u otras drogas o incluso programas de tratamiento del hábito tabáquico. Por ello, el modelo de los CSC permite un mejor conocimiento de la calidad del consumo de cannabis y, en este sentido, intervenciones más eficaces desde la óptica de las salud pública. Uno de los logros más patentes de los CSC es que separan los mercados de las drogas, frenando así la accesibilidad a drogas con más riesgos para la salud.

Es pertinente recordar que fue justamente este el argumento que legitimó, en      Holanda, el establecimiento de os cofee-shops. A diferencia del modelo holandés, los CSC son espacios cerrados y las personas consumidoras solo pueden acceder por invitación directa de otro miembro de manera que no se favorece promoción del consumo de cannabis hacia nuevas personas consumidoras. La ausencia de ánimo de lucro frena el mecanismo de promoción que es la publicidad y el concepto de cultivo compartido, cuyo volumen total se debe ajustar a la previsión de consumo del conjuntos de los socios, que tiene un límite máximo que suele ser de 2 ó 3 gr./día, comporta que no haya excedentes de producción que puedan ser desviados al mercado negro. Los miembros de los CSC son siempre mayores de edad (incluso muchos han incrementado la edad mínima a 21 años).

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• III.- En tercer lugar hacia el ámbito colectivo. Los CSC han emergido en un momento histórico de gran crisis económica. No es baladí que Rasquera fuera, el año que presentó su “plan anticrisis”, el tercer municipio de Cataluña con el mayor porcentaje de deuda pública (El Periódico, 2013). España fue, en 2013, el país del sur de Europa con mayor economía sumergida (28% del PIB), más fraude fiscal (8% del PIB) (Europa Press, 2013) y mayor tasa de desempleo juvenil (57,7% nov. 2013) (El Diario, 2014). Según estimaciones, los españoles gastan anualmente unos 546 millones de euros en el mercado negro. Los CSC no tienen ánimo de lucro pero sí de actividad económica, en ellos se crean puestos de trabajo, se pagan impuestos y cotizaciones sociales. A su vez, los CSC mueven la economía al interactuar con otros proveedores de servicios como alquiler de espacios, luz, comunicaciones, transportes, asesoría legal, peritajes agrícolas, material de cultivo, etc. Por ejemplo, un CSC de unos 600 socios requiere aproximadamente de unas 10 personas para que sea operativo.

Si un millón y medio de personas (un poco más del 60% de los consumidores diarios y consumidores frecuentes (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2011)) se abasteciera de cannabis en un CSC, se generarían unos 25.000 puestos de trabajo.

Esto comportaría 197 millones de euros en cotizaciones a la seguridad social, 100 millones en impuestos sobre la renta y 114 millones en IVA que, en total, sumarían 411 millones de euros anuales en ingresos directos. En cuanto a los ingresos indirectos, al poder contratarse a 25 mil personas que podrían trabajar en el sector, el Estado se ahorraría 250 millones de euros anuales en prestaciones por desempleo.
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Mas allá del fundamental reconocimiento de derechos individuales y colectivos que garantizaría una regulación integral de los CSC, la envergadura de estas cifras, más el consiguiente ahorro de recursos policiales y judiciales, representa una oportunidad para combatir la gran crisis económica y social que atraviesa el país.
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Por último, es notable el valor que aportan las personas involucradas en los CSC para autoorganizarse y crear espacios de encuentro. Los CSC, al ser una iniciativa y una lucha social, son nodos de personas que se conectan y fomentan la cultura cannábica y la vida asociativa. A inicios de 2014 hay, en toda España, 11 federaciones que agrupan a una parte importante del total de CSC, que oscila entre 800 y 1.000 entidades legalmente constituidas. Gracias a ello, fuera de nuestras fronteras ya se habla, replica y mejora el “modelo español”.

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Los Clubs Sociales de Cannabis refuerzan el tejido social, la protección de la salud y la economía legal, por ende, fomentan sociedades más democráticas, mientras, la opción del mercado negro va justamente en la dirección opuesta.

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